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Nicolás Gandini | El Inversor Online |
Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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http://elinversoronline.com/2014/05/mineras-discuten-con-capitanich-un-acuerdo-sectorial-que-se-firmara-el-miercoles/#sthash.aiowj7nk.dpufNicolás Gandini | El Inversor Online |
Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
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Si bien resta definir la letra chica del documento programático, en especial aquellos puntos ligados a los objetivos de producción y exportaciones, las empresas mineras se aprestan a firmar el próximos miércoles con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento, empleo e inversión para los próximos dos años.
Se trata de una iniciativa que -tal como adelantó El Inversor Online- se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco. Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto- su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los mercados voluntarios.
“Lo mismo sucede con las exportaciones. No podemos comprometernos a incrementar las ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un encumbrado directivo de la industria.
Tampoco existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día de la Minería, en Catamarca- sostuvo que los puestos de trabajo generados por el sector ascienden a 480.000.
Las prioridades de las empresas y del Gobierno son divergentes. “Estamos tratando de ser capaces de mantener los niveles actuales de empleo para evitar despidos. Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que opera al sur del país.
Además, las mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de “Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas de Caem.
Sí interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria. Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento final.
A cambio de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR, el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por el BCRA; líneas de tasa bonificada por el Estado disponibles en el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior; y Fonapyme, el fondo para financiar proyectos de inversión gestionado por el Ministerio de Industria.
Publicado
el 9 mayo, 2014 por El
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Si bien
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Jorge Capitanich, un acuerdo sectorial que establece metas de crecimiento,
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Se trata
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se viene discutiendo desde principios de año, pero que se ralentizó
en línea con cierto desgaste político y mediático del ex gobernador de Chaco.
Allegados a la Caem -la cámara que agrupa a las compañías del sector- señalaron
que “lo más probable es que estos días se terminen de ultimar algunos detalles
con vistas a sellar el acuerdo la semana que viene”.
Aún así, son
varios puntos en los que existen posiciones encontradas. El Gobierno
apunta a que las mineras se comprometan a incrementar -en términos de conjunto-
su producción en alrededor de un 10% anual durante 2014 y 2015. Desde la
óptica de los privados, es un objetivo demasiado ambicioso frente a la
amesatada coyuntura sectorial a raíz de la caída de los precios internacionales
de los metales y de la complejidad para conseguir financiamiento en los
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ventas al exterior si no sabemos cómo se comportarán los precios”, explicó un
encumbrado directivo de la industria.
Tampoco
existe consenso en torno a las metas ligadas a la generación de empleo. Para
la Caem, la industria moviliza alrededor de 100.000 empleos directos e
indirectos; una quinta parte de las cifras difundidas por la Secretaría de
Minería, que dirige Jorge Mayoral, que esta semana -en los festejos por el Día
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el sector ascienden a 480.000.
Las
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Y el Ejecutivo nos pide que nos comprometamos a sumar personal. Va a ser
difícil encontrar un punto intermedio”, admitió el ejecutivo de la minera que
opera al sur del país.
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mineras aún no cerraron las paritarias salariales con AOMA, el sindicato de
los trabajadores mineros. Las negociaciones se articulan en tres ramas: se
llegó a un acuerdo con los trabajadores de los segmentos de “Molienda” y de
“Cal y piedra” con un aumento del 33%, pero aún resta definir la negociación
más complicada con los operarios de la rama “Extractiva”, que nuclea a los
trabajadores de las productoras metalíferas.
“Nuestra
oferta comprende un aumento salarial del 28%, segmentado en dos partes: en
marzo un 20% y el 8% a mediados de año”, indicaron las fuentes consultadas
de Caem.
Sí
interesa de forma sustancial a los privados que el acuerdo ratifique la
vigencia de la Ley 24.196 (de Inversiones Mineras), que fijó el marco regulatorio
del sector. El borrador que discutían inicialmente las partes -al que tuvo
acceso este medio- establecía en su punto 3 “el respeto y cumplimiento acabado
del régimen previsto por la Ley de Inversiones Mineras en todos sus aspectos
específicamente lo concerniente a la estabilidad fiscal tanto para proyectos ya
en operación como para proyectos futuros”. Es un tema central, dado que en
los últimos años varias provincias mineras -e incluso el Gobierno nacional- impulsaron
normativas para incrementar la carga impositiva que pesa sobre la industria.
Sin embargo, aún no está claro si la cláusula estará presente en el documento
final.
A cambio
de cumplir con las metas fijadas, el Gobierno podrá a disposición de las empresas
una serie de instrumentos para apoyar el desarrollo del sector minero. En
materia de financiamiento, el convenio promueve distintas líneas de crédito que
estarán a disposición de las compañías mineras. Integran esa lista el FONDEAR,
el fondo de incentivos a proyectos de inversión, cuya creación se está
tramitando mediante una Ley; préstamos que acuerden los bancos fogoneados por
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