Lunes, 02 de Septiembre de 2013 08:21 Santa Cruz
Será la Secretaría de Ingresos Públicos la que trabaje en la aplicación del denominado Impuesto Inmobiliario Minero, que impuso una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas de las empresas que operan en Santa Cruz, según indicó en las últimas horas el gobernador Daniel Peralta.
La ley ya fue promulgada y reglamentada y la semana que inicia mañana lunes comenzará a intimarse a las mineras a que paguen el tributo, cuestión que podría ir a parar a la Justicia si estas no quieren hacerlo, tal cual también adelantó el mandatario provincial.
El mes de junio las autoridades del Ejecutivo se habían reunido con las operadoras para ponerlas al tanto sobre el tributo. Cerro Vanguardia, Minera Triton y Minera Santa Cruz -todas ellas actualmente en producción- fueron las primeras. Goldcorp, (Cerro Negro), y Yamana Gold (Cerro Moro) –en exploración- fue la segunda tanda de reuniones.
Alcanzados por el tributo- Las empresas que serán alcanzadas serían Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano–canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entra en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas. Anglo Gold Ashanti que posee Cerro Vanguardia no pagaría debido a que la propiedad del derecho minero lo tiene la provincia a través de la estatal FOMICRUZ (Fomento Minero Santa Cruz).
La Cámara Minerade Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) repudiaron –tiempo atrás- la decisión de la Legislatura provincial. Las entidades advirtieron que con el impuesto se espanta a las nuevas inversiones y se condena a las existentes. Además que se ponen en riesgo 5.000 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos, en más de 200 empresas que dependen de la actividad minera en la provincia.
Legitimidad- Tal cual lo informáramos ayer, Santa Cruz espera recaudar de forma anual alrededor de 155 millones de pesos. Sin embargo, las empresas tendrían pensado que en caso que se avance en el pedido del pago del impuesto, recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.
El impuesto fue aprobado el 14 de junio por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, y aunque esto le da legitimidad a la hora de la discusión judicial, lo cierto es que fueron más las abstenciones que los votos a favor.
“Vamos a ir a fondo con este tema”, dijo el Gobernador Daniel Peralta anticipando una discusión que además tiene atentos al personal de la administración pública que espera una nueva recomposición salarial este segundo semestre con el monto salido del impuesto.
Tiempo Sur
La ley ya fue promulgada y reglamentada y la semana que inicia mañana lunes comenzará a intimarse a las mineras a que paguen el tributo, cuestión que podría ir a parar a la Justicia si estas no quieren hacerlo, tal cual también adelantó el mandatario provincial.
El mes de junio las autoridades del Ejecutivo se habían reunido con las operadoras para ponerlas al tanto sobre el tributo. Cerro Vanguardia, Minera Triton y Minera Santa Cruz -todas ellas actualmente en producción- fueron las primeras. Goldcorp, (Cerro Negro), y Yamana Gold (Cerro Moro) –en exploración- fue la segunda tanda de reuniones.
Alcanzados por el tributo- Las empresas que serán alcanzadas serían Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano–canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entra en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas. Anglo Gold Ashanti que posee Cerro Vanguardia no pagaría debido a que la propiedad del derecho minero lo tiene la provincia a través de la estatal FOMICRUZ (Fomento Minero Santa Cruz).
La Cámara Minerade Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) repudiaron –tiempo atrás- la decisión de la Legislatura provincial. Las entidades advirtieron que con el impuesto se espanta a las nuevas inversiones y se condena a las existentes. Además que se ponen en riesgo 5.000 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos, en más de 200 empresas que dependen de la actividad minera en la provincia.
Legitimidad- Tal cual lo informáramos ayer, Santa Cruz espera recaudar de forma anual alrededor de 155 millones de pesos. Sin embargo, las empresas tendrían pensado que en caso que se avance en el pedido del pago del impuesto, recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.
El impuesto fue aprobado el 14 de junio por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, y aunque esto le da legitimidad a la hora de la discusión judicial, lo cierto es que fueron más las abstenciones que los votos a favor.
“Vamos a ir a fondo con este tema”, dijo el Gobernador Daniel Peralta anticipando una discusión que además tiene atentos al personal de la administración pública que espera una nueva recomposición salarial este segundo semestre con el monto salido del impuesto.
Tiempo Sur
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