Lunes, 02 de Septiembre de 2013 08:01 Santa Cruz
El gobernador Daniel Peralta reglamentó la ley denominada Impuesto Inmobiliario Minero que las operadoras se resisten a pagar y que podría resolverse en los estrados judiciales.
La medida exige a las empresas radicadas en la provincia tributar el 1% de sus reservas declaradas, lo que representará una suma aproximada de $155 millones anuales, con parte de los cuales se piensa hacer frente a un incremento salarial para los empleados públicos este segundo semestre del 2013.
Las mineras utilizan la “estabilidad fiscal” como principal argumento para no tributar este impuesto, pero lo cierto es que la ley además fue aprobada por mayoría en la Legislatura santacruceña, lo que le da un valor adicional a la hora de la discusión judicial.
Renta desigual- Pero esta situación invita a repensar algunos conceptos hoy muy debatidos de la renta minera y de las desigualdades que se incurren en los beneficios de la misma. Sólo a modo de ejemplo, un dato que no puede pasarse por alto es que por impuestos la minería pagó en nuestra provincia -entre los años 2007 al 2012- unos 1.200 millones de pesos de los cuales sólo entre 180 a 200 millones quedaron para Santa Cruz y lo demás para la nación.
Otro dato que refleja la desigual distribución impositiva para quien es dueño del recurso, es decir la provincia, es que apenas el 21 por ciento de los recursos del Presupuesto provincial son de regalías (mineras e hidrocarburíferas), siendo Santa Cruz un distrito considerado minero y petrolero. Hoy, el impacto de los recursos naturales en el Presupuesto es muy inferior a –por ejemplo- los recursos tributarios (un 49%).
Advertencia- Volviendo al Impuesto Inmobiliario, las empresas –a modo de presión- comenzaron a informar desde el mes de julio que suspendían sus campañas de exploración, lo que originó malestar en el sector de los trabajadores ante posibles despidos. Pero en las últimas horas, desde el Poder Ejecutivo provincial advirtieron que si las operadoras no acatan la ley, irán a la Justicia para que lo hagan.
Tiempo Sur
La medida exige a las empresas radicadas en la provincia tributar el 1% de sus reservas declaradas, lo que representará una suma aproximada de $155 millones anuales, con parte de los cuales se piensa hacer frente a un incremento salarial para los empleados públicos este segundo semestre del 2013.
Las mineras utilizan la “estabilidad fiscal” como principal argumento para no tributar este impuesto, pero lo cierto es que la ley además fue aprobada por mayoría en la Legislatura santacruceña, lo que le da un valor adicional a la hora de la discusión judicial.
Renta desigual- Pero esta situación invita a repensar algunos conceptos hoy muy debatidos de la renta minera y de las desigualdades que se incurren en los beneficios de la misma. Sólo a modo de ejemplo, un dato que no puede pasarse por alto es que por impuestos la minería pagó en nuestra provincia -entre los años 2007 al 2012- unos 1.200 millones de pesos de los cuales sólo entre 180 a 200 millones quedaron para Santa Cruz y lo demás para la nación.
Otro dato que refleja la desigual distribución impositiva para quien es dueño del recurso, es decir la provincia, es que apenas el 21 por ciento de los recursos del Presupuesto provincial son de regalías (mineras e hidrocarburíferas), siendo Santa Cruz un distrito considerado minero y petrolero. Hoy, el impacto de los recursos naturales en el Presupuesto es muy inferior a –por ejemplo- los recursos tributarios (un 49%).
Advertencia- Volviendo al Impuesto Inmobiliario, las empresas –a modo de presión- comenzaron a informar desde el mes de julio que suspendían sus campañas de exploración, lo que originó malestar en el sector de los trabajadores ante posibles despidos. Pero en las últimas horas, desde el Poder Ejecutivo provincial advirtieron que si las operadoras no acatan la ley, irán a la Justicia para que lo hagan.
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