Viernes, 08 de Noviembre de 2013 08:22 Mendoza
El 2014 se deja ver tormentoso y escaso de recursos. La Nación cerró la discusión por una nueva forma de reparto de fondos y sólo se seguirá manejando de manera arbitraria. De cada 100 pesos del presupuesto provincial, 60 van a sueldos, 35 a pagos de proveedores y 5 quedan para obras. Pérez busca oxígeno en Oriente para construir casas y seducir inversores. Mientras, la cordillera guarda diez veces más de reservas en minerales metalíferos que lo que se tiene en petróleo. Y nadie se anima a perforarla.
Con Francisco Pérez de gira por China y Qatar por los próximos quince días, la provincia se moverá sin sobresaltos; o lo que es lo mismo decir, con los mismos problemas de siempre sin resolver. Pérez nunca dijo que haría cambios de gabinete tras las elecciones, ni siquiera lo insinuó. Sin embargo, el resultado adverso para el oficialismo instaló fuertemente la idea de que el gobernador debía hacer movimientos de manera inmediata y que el viaje a Oriente y a los emiratos, se transformaría en el momento ideal para darle forma al nuevo esquema.
Quizás sea así, como afirman muchas de las especulaciones que se hacen por estas horas. Pero en realidad parece improbable. Lo que puede suceder con mayor certeza es que Pérez vaya delineando movimientos y los concrete hacia fin de año o bien para el arranque de un 2014 que se avecina complejo y demandando acciones de fondo para mitigar la escasez de recursos que tendrá el Estado.
Por lo pronto, al Gobierno provincial lo corren las urgencias por todos lados y poco es lo que la administración de Pérez puede hacer para atajar los disparos de un 2014 que necesitará un cambio de paradigma si se quiere salir del laberinto y del actual corsé dominado por la macroeconomía y la discrecionalidad de una administración nacional que se radicalizará aún más como estrategia para condicionar el escenario para el 2015.
Las dificultades más serias vienen por la falta de autonomía de la provincia para poder decidir por si misma. Y una vez más reaparecen las viejas discusiones sobre el perfil económico de Mendoza. Ahogada por no poder incrementar sus fondos por la vía de los aumentos impositivos como ocurrió durante los últimos dos años, Mendoza depende de lo que pueda hacer Pérez en el exterior, de la piedad de Cristina Fernández para que acuda en su ayuda y de la reestructuración del gasto.
Con un 60 por ciento de fondos que se van en sueldos y un 35 por ciento al pago de proveedores, a la provincia le queda sólo un 5 por ciento para crecer, para activar la economía de la mano del Estado y definir un rumbo claro. Los datos corresponden al análisis del economista Sebastián Laza quien ya no duda en afirmar que la provincia debería comenzar a darse el debate de fondo por su matriz productiva. Laza afirma que el modelo agrícola está agotado y que si bien la cultura, la tradición y lo que ha elegido su gente por cientos de años ha definido la vida en la provincia, las urgencias y las nuevas demandas la obligan a repensar lo que se ha venido haciendo. No aparecen otras salidas, por el momento.
Pero tomar la decisión implica un pensar distinto y asumir riesgos para los que el actual gobierno no estaría preparado, mental y fácticamente. Ni siquiera emergen posibilidades de que la nación se allane a discutir viejas demandas de las provincias, con lo que cada una de ellas deberá sortear las dificultades por sí mismas. Sin una mínima posibilidad de rediscusión de una nueva ley de coparticipación y luego de que el Estado nacional cerrara cualquier atisbo de cambio a modificar la forma de distribución de recursos que financian la asistencia y la alimentación de las políticas de consumo como forma de eludir el ataque del proceso inflacionario.
Pérez conoce estos diagnósticos y sabe muy bien cuáles serán las dificultades de una larga transición al 2015, que sobrevendrá mezclada no sólo de urgencias económicas con alteraciones al crecimiento, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sino que además se sumarán las políticas. Por eso el viaje a China, de allí el desesperado intento por no perder la ventana que le abre, por caso, el ICBC, el banco de mayor influencia a nivel global. Si consigue financiamiento para diagramar un programa propio de construcción de viviendas a pagar a 20 años el saldo de su tercer viaje por Oriente lo dejará más que satisfecho y ni hablar de alguna promesa, aunque lejana, de que el capital chino o qatarí le acepte auscultar, aunque sea, los yacimientos de Vaca Muerta (en la parte que Mendoza comparte con Neuquén) y el de sales de potasio en Malargüe, la misión será casi completa. Pero sabe que no alcanza si no se avanza decididamente en explorar alternativas que hoy están vedadas por lo que se ha denominado "la licencia social".
Y no parece estar en Pérez la decisión de romper con ese clima, teniendo en cuenta los antecedentes de la campaña electoral del 2011, la misma que lo depositó en la primera magistratura provincial. El minero Roberto Zenobi dice con crudeza lo que pocos dirigentes mendocinos se animarían hoy a mencionar, empezando por el gobernador: "De la agricultura ya no estamos viviendo; la matriz productiva pensada hace cien años para Mendoza cumplió su ciclo, el 30 por ciento de esta industria está subsidiada", afirma. Y destaca, además, para quien quiera escuchar que las entrañas de la cordillera provincial "guardan diez veces más en reservas metalíferas que las que ha venido proporcionando el petróleo, por ejemplo", para preguntarse si "¿vale la pena seguir endeudándonos cuando tenemos ese capital que podría generar mucho trabajo?".
En la misma línea, Laza reafirma que hay que buscarle alternativas a la agricultura porque ya no aporta más del 10 por ciento de Producto Bruto Geográfico, mientras que otras actividades sin licencia social podrían mostrar un panorama muy distinto al actual. Y para Zenobi, el impedimento de la licencia social ("un requisito y una exigencia con los que no contábamos cuando se iniciaron proyecto mineros como el de San Jorge, por ejemplo", afirma) "es más una falta de conciencia cívica que otra cosa".
Días atrás, a mediados de setiembre, un informe de la Cámara Minera Argentina daba cuenta del potencial minero que tiene Mendoza y que por el momento ninguna administración provincial parece estar dispuesto a desarrollar. Allí se dice que si se levantaran las restricciones a las explotaciones metalíferas la producción minera se incrementaría en 1.200 millones de dólares al año, mientras que el Estado percibiría alrededor de 230 millones de dólares en impuestos directos e indirectos.
Las inversiones mineras en suspenso, producto de las trabas que impuso la ley 7722 ascienden a unos 5 mil millones de dólares y la reactivación de proyectos hoy casi sepultados, como Sierra Pintada (uranio), Don Sixto (cobre y oro) y San Jorge (cobre) podrían aportar en dos años 1.500 millones de dólares y unos 1.500 puestos de trabajo directos.
El mismo estudio, polémico y frontal, sostiene que todo esto está sucediendo en una Mendoza en donde "su matriz productiva se está agotando mientras hay gente interesada en invertir y generar puestos de trabajo sólo en exploración con un impacto mínimo sobre la cordillera". Y agrega, para más polémica aún: "Se prohíben sustancias de venta libre en Mendoza mientras se permiten para el agro".
El Instituto de investigación social, económica y de política ciudadana (Isepci), es uno de los organismos no oficiales que ha venido calculando los índices económicos en el país, desde una posición muy crítica frente a los datos que divulga el INDEC de Guillermo Moreno. En el primer trimestre del año, el Isepci difundió que la nación esconde pobres en el país. Y puso como ejemplo al conurbano bonaerense en donde, según sus datos, el INDEC ha desconocido a unas 2 millones de personas que viven por debajo del índice de pobreza. En Mendoza la situación no difiere de otros conglomerados nacionales, como el de la provincia del Chaco en donde la pobreza estructural asciende al 48 por ciento de la población. El más alto del país.
En Mendoza, de acuerdo al Isepci, la pobreza alcanza el 22,5 por ciento, lo que significa que 204.296 personas viven en esa situación, mientras que para el INDEC la pobreza en Mendoza es de 1,7 por ciento, es decir un poco más de 15 mil personas en esa condición.
Está claro, que temas como el del desarrollo para darle un mundo más previsible a los habitantes de esta tierra deberían formar parte de la agenda central de los gobiernos. Está claro, quién lo duda. Pero no alcanza con que se lo reconozca.
Marcelo Torrez - Director General de Medios Andinos
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