Viernes, 11 de Octubre de 2013 08:13 Santa Cruz
El impuesto minero que fuera aprobado por mayoría en la Cámara de Diputado y reglamentado por el Poder Ejecutivo provincial, vence hoy, razón por lo cual debiera operar el pago de la primera cuota, que las empresas son renuentes a abonar. Para ello cuentan con el respaldo de Intendentes, diputados y el sindicato, que advierten desocupación y desinversión en la región.
El impuesto minero aprobado por la Legislatura provincial, a instancias del Poder Ejecutivo, para cobrar el 1% sobre las reservas declaradas de cada empresa y el 0,5% en caso de ser una empresa asociada con el Estado, como el caso de Fomicruz, vence hoy, oportunidad en la que debiera hacerse efectiva la primera cuota a la provincia, sin embargo, todo hace pensar que nadie (o muy pocos) van a pagar.
El gobierno piensa recaudar aproximadamente unos 150 millones de pesos anuales por este concepto, pero, desde su inicio, este proyecto fue bombardeado por las empresas mineras, debido a su interés por no perder ganancias, apoyado por el gobierno nacional, enfrentado con el gobernador Peralta, sostenido políticamente desde el discurso por algunos intendentes, especialmente de las ciudades con cercanía los yacimientos, diputados del FPV que hicieron lo posible por trabarlo legislativamente y claro está, por el sindicato AOMA, que encabeza Javier Castro.
La discusión se va a trasladar al plano judicial, seguramente, en tanto las empresas multinacionales han cuestionado largamente el agregado de este impuesto provincial por lo que consideran una falta de cumplimiento a las normas establecidas y especialmente a la Ley Minera que rige la actividad.
Hay empresas, sin embargo, que podrían “pactar” con el gobierno provincial, algún tipo de pago “mínimo” para no caer en la judicialización, mientras se resuelve el problema de fondo, pero, de acuerdo a lo establecido por el propio gobernador Peralta “la decisión es que las mineras paguen por lo que se llevan y dejen en la provincia no solo migajas y problemas ambientales”.
Desde el sector político, los intendentes Nelson Gleadell de San Julián y Juan Vázquez de Gobernador Gregores, han puesto el grito en el cielo, porque consideran que una medida de este tipo es confiscatoria del desarrollo de sus pueblos, toda vez que las empresas a medida que más le obligan a tributar por conceptos impositivos, recortan la asistencia social a los pueblos.
En este marco Vázquez ha dicho que es inconstitucional lo que hace la provincia, en sintonía con el mensaje corporativo que tiene la Cámara minera y que es apoyado por el gobierno nacional y los diputados provinciales de La Cámpora.
Argumentos recurrentes
Desde que el gobierno provincial comenzó a hablar de un nuevo impuesto, la Cámara de empresas mineras (CAMICRUZ) y las operadoras individualmente, ha venido desplegando a través de los medios que controlan, una fuerte campaña de “concientización”, sobre los perjuicios que traerán aparejado para los pueblos que impactan las mineras, este tipo de presión tributaria.
No obstante, desde el gobierno se sostiene que esto no es así y que solo el beneficio es para unos pocos y muy relativo en términos sociales, ya que generalmente se trata de aportes edilicios (algún gimnasio), becas o contribuciones o insumos y vehículos para alguna municipalidad y hasta para el Intendente, sin prever que cuando el filón se agote, esas localidades van a quedar sin ningún tipo de recurso en el subsuelo.
Otras de las críticas van hacia el sindicato de AOMA, desde cuya dirigencia se sostiene – cada vez que se les pretende cobrar algo a las mineras – que peligran las fuentes de trabajo, la inversión y – obviamente – se alienta el fantasma de la desocupación; sin embargo, inmediatamente aparecen los contra-argumentos, cuando queda demostrado que más de 85% de la mano de obra de las mineras en Santa Cruz es foránea y que las operadoras se proveen de servicio con (en su mayoría) empresas de otras provincias. La prueba más palpable de que la plantilla laboral es del norte del país, Chile y Perú, es que ante los recientes despidos en Cerro Moro y San José, Santa Cruz no vivió ningún tipo de reclamo del sector, que la hiciera padecer el corte de rutas o bloqueo de los yacimientos.
Agencia OPI Santa Cruz
El impuesto minero aprobado por la Legislatura provincial, a instancias del Poder Ejecutivo, para cobrar el 1% sobre las reservas declaradas de cada empresa y el 0,5% en caso de ser una empresa asociada con el Estado, como el caso de Fomicruz, vence hoy, oportunidad en la que debiera hacerse efectiva la primera cuota a la provincia, sin embargo, todo hace pensar que nadie (o muy pocos) van a pagar.
El gobierno piensa recaudar aproximadamente unos 150 millones de pesos anuales por este concepto, pero, desde su inicio, este proyecto fue bombardeado por las empresas mineras, debido a su interés por no perder ganancias, apoyado por el gobierno nacional, enfrentado con el gobernador Peralta, sostenido políticamente desde el discurso por algunos intendentes, especialmente de las ciudades con cercanía los yacimientos, diputados del FPV que hicieron lo posible por trabarlo legislativamente y claro está, por el sindicato AOMA, que encabeza Javier Castro.
La discusión se va a trasladar al plano judicial, seguramente, en tanto las empresas multinacionales han cuestionado largamente el agregado de este impuesto provincial por lo que consideran una falta de cumplimiento a las normas establecidas y especialmente a la Ley Minera que rige la actividad.
Hay empresas, sin embargo, que podrían “pactar” con el gobierno provincial, algún tipo de pago “mínimo” para no caer en la judicialización, mientras se resuelve el problema de fondo, pero, de acuerdo a lo establecido por el propio gobernador Peralta “la decisión es que las mineras paguen por lo que se llevan y dejen en la provincia no solo migajas y problemas ambientales”.
Desde el sector político, los intendentes Nelson Gleadell de San Julián y Juan Vázquez de Gobernador Gregores, han puesto el grito en el cielo, porque consideran que una medida de este tipo es confiscatoria del desarrollo de sus pueblos, toda vez que las empresas a medida que más le obligan a tributar por conceptos impositivos, recortan la asistencia social a los pueblos.
En este marco Vázquez ha dicho que es inconstitucional lo que hace la provincia, en sintonía con el mensaje corporativo que tiene la Cámara minera y que es apoyado por el gobierno nacional y los diputados provinciales de La Cámpora.
Argumentos recurrentes
Desde que el gobierno provincial comenzó a hablar de un nuevo impuesto, la Cámara de empresas mineras (CAMICRUZ) y las operadoras individualmente, ha venido desplegando a través de los medios que controlan, una fuerte campaña de “concientización”, sobre los perjuicios que traerán aparejado para los pueblos que impactan las mineras, este tipo de presión tributaria.
No obstante, desde el gobierno se sostiene que esto no es así y que solo el beneficio es para unos pocos y muy relativo en términos sociales, ya que generalmente se trata de aportes edilicios (algún gimnasio), becas o contribuciones o insumos y vehículos para alguna municipalidad y hasta para el Intendente, sin prever que cuando el filón se agote, esas localidades van a quedar sin ningún tipo de recurso en el subsuelo.
Otras de las críticas van hacia el sindicato de AOMA, desde cuya dirigencia se sostiene – cada vez que se les pretende cobrar algo a las mineras – que peligran las fuentes de trabajo, la inversión y – obviamente – se alienta el fantasma de la desocupación; sin embargo, inmediatamente aparecen los contra-argumentos, cuando queda demostrado que más de 85% de la mano de obra de las mineras en Santa Cruz es foránea y que las operadoras se proveen de servicio con (en su mayoría) empresas de otras provincias. La prueba más palpable de que la plantilla laboral es del norte del país, Chile y Perú, es que ante los recientes despidos en Cerro Moro y San José, Santa Cruz no vivió ningún tipo de reclamo del sector, que la hiciera padecer el corte de rutas o bloqueo de los yacimientos.
Agencia OPI Santa Cruz
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