Martes, 17 de Septiembre de 2013 08:27 Mendoza
Según un estudio de la Camem es lo que suman los yacimientos que hoy no se pueden explotar por la ley 7.722. El cobre es el metal con mayor riqueza. Ahora esperan que la Suprema Corte se pronuncie al respecto.
Un potencial de explotación que, si se toma sólo el cobre subyacente en la montaña mendocina, es muy superior a las reservas petroleras de la provincia. Más de U$S 1.215 millones de producción anual si se rehabilitara la actividad, lo que al cabo de 5 años significaría que Mendoza percibiera impuestos, directos e indirectos, por U$S 232 millones.
La enumeración es parte de un informe elaborado por la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros) para demostrar lo que pierde la provincia por la restricción que impone la ley 7.722 a la minería metalífera, y que fue presentado ayer ante el auditorio asistente a la Expo Metalmecánica, en su capítulo energético.
Si bien ahora se hace pública, el análisis sirvió recientemente para sustentar un pedido de inconstitucionalidad de la norma, firmada por 12 empresas, que ya analiza la Suprema Corte de la provincia. El planteo también se apoyó en un dato de magnitud: de acuerdo con la Camem, la ley que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones por U$S 5.000 millones o, lo que es lo mismo, casi todo el presupuesto comprometido en el proyecto Potasio Río Colorado.
Además de apelar a la historia ("la primera mina que se conoció en Argentina fue la de Paramillos, en el siglo XVIII"), el geólogo Juan Basaldúa, integrante de un equipo de ingenieros en minas que elaboró el estudio, explicó que partió de un "inventario del potencial minero" existente en Mendoza.
Tal inventario, que mezcla análisis con recopilación de información, apunta, por otra parte, a que en la actualidad la minería estaría en condiciones de obtener una rentabilidad inferior al 15%, con una carga impositiva superior al 50%. "Existe un par de yacimientos de oro más bien pequeños y un tesoro de cobre en la montaña", advierte Basaldúa.
Grandes inversiones
En los cálculos del sector, reactivar sólo emprendimientos como los de Sierra Pintada (uranio), Don Sixto (cobre y oro) y el mismo San Jorge, concentraría en 2 años unos U$S 1.500 millones, además de crearse unos 1.500 puestos de trabajo directos.
Pero en un escenario sin las restricciones legales de hoy, globalmente habría que invertir el equivalente a más de "tres Potasio Río Colorado" para poner en marcha otra vez a la actividad.
Roberto Zenobi, gerente de la Cámara de Empresarios, consideró que "sin el impedimento que contempla la 7.722, Mendoza podría captar entre 5 y 6 mil millones de dólares. Mientras la matriz productiva se agota, hay gente interesada en invertir y generar muchas fuentes de trabajo sólo en exploración con un impacto mínimo sobre 60% de la cordillera está sin explorar".
Respecto del contenido de la norma y a la espera de que la Justicia se expida, el empresario remarcó que "se prohíben sustancias de venta libre en Mendoza, que usa el agro".
Don Sixto es una de las 12 firmas que respaldan la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Impulsora de Gualcamayo en San Juan y de Cerro Moro (Santa Cruz) la minera canadiense Yamana Gold es, desde 2012, titular de un yacimiento en el Sur mendocino. "Si se hubiera comprado una casa, Don Sixto es la pieza del fondo cerrada que abriremos cuando se pueda. Lo cierto es que todo se puede hacer con control y responsabilidad", resumió su gerente de Comunicaciones, Marcelo Agulles.
Algunas de las 12 firmas intervinientes en el planteo judicial contra la ley provincial 7.722 son también San Jorge (Coro Minning), junto a la Asociación de Profesionales de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y Agauco (Papagayos), entre otras.
Los Andes
Un potencial de explotación que, si se toma sólo el cobre subyacente en la montaña mendocina, es muy superior a las reservas petroleras de la provincia. Más de U$S 1.215 millones de producción anual si se rehabilitara la actividad, lo que al cabo de 5 años significaría que Mendoza percibiera impuestos, directos e indirectos, por U$S 232 millones.
La enumeración es parte de un informe elaborado por la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros) para demostrar lo que pierde la provincia por la restricción que impone la ley 7.722 a la minería metalífera, y que fue presentado ayer ante el auditorio asistente a la Expo Metalmecánica, en su capítulo energético.
Si bien ahora se hace pública, el análisis sirvió recientemente para sustentar un pedido de inconstitucionalidad de la norma, firmada por 12 empresas, que ya analiza la Suprema Corte de la provincia. El planteo también se apoyó en un dato de magnitud: de acuerdo con la Camem, la ley que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones por U$S 5.000 millones o, lo que es lo mismo, casi todo el presupuesto comprometido en el proyecto Potasio Río Colorado.
Además de apelar a la historia ("la primera mina que se conoció en Argentina fue la de Paramillos, en el siglo XVIII"), el geólogo Juan Basaldúa, integrante de un equipo de ingenieros en minas que elaboró el estudio, explicó que partió de un "inventario del potencial minero" existente en Mendoza.
Tal inventario, que mezcla análisis con recopilación de información, apunta, por otra parte, a que en la actualidad la minería estaría en condiciones de obtener una rentabilidad inferior al 15%, con una carga impositiva superior al 50%. "Existe un par de yacimientos de oro más bien pequeños y un tesoro de cobre en la montaña", advierte Basaldúa.
Grandes inversiones
En los cálculos del sector, reactivar sólo emprendimientos como los de Sierra Pintada (uranio), Don Sixto (cobre y oro) y el mismo San Jorge, concentraría en 2 años unos U$S 1.500 millones, además de crearse unos 1.500 puestos de trabajo directos.
Pero en un escenario sin las restricciones legales de hoy, globalmente habría que invertir el equivalente a más de "tres Potasio Río Colorado" para poner en marcha otra vez a la actividad.
Roberto Zenobi, gerente de la Cámara de Empresarios, consideró que "sin el impedimento que contempla la 7.722, Mendoza podría captar entre 5 y 6 mil millones de dólares. Mientras la matriz productiva se agota, hay gente interesada en invertir y generar muchas fuentes de trabajo sólo en exploración con un impacto mínimo sobre 60% de la cordillera está sin explorar".
Respecto del contenido de la norma y a la espera de que la Justicia se expida, el empresario remarcó que "se prohíben sustancias de venta libre en Mendoza, que usa el agro".
Don Sixto es una de las 12 firmas que respaldan la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Impulsora de Gualcamayo en San Juan y de Cerro Moro (Santa Cruz) la minera canadiense Yamana Gold es, desde 2012, titular de un yacimiento en el Sur mendocino. "Si se hubiera comprado una casa, Don Sixto es la pieza del fondo cerrada que abriremos cuando se pueda. Lo cierto es que todo se puede hacer con control y responsabilidad", resumió su gerente de Comunicaciones, Marcelo Agulles.
Algunas de las 12 firmas intervinientes en el planteo judicial contra la ley provincial 7.722 son también San Jorge (Coro Minning), junto a la Asociación de Profesionales de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y Agauco (Papagayos), entre otras.
Los Andes
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