lunes, 17 de junio de 2013

Debate en la OIT sobre empleos y medio ambiente

Dentro de los debates que tendrán lugar en la reunión anual de la OIT, por primera vez tratará la cuestión de la sostenibilidad y los empleos verdes como tema central de debate por parte de los mandantes de la OIT: trabajadores, empleadores y gobiernos. Según el sitio de la CSI, la problemática implica afrontar las preguntas sobre: el empleo y el medio ambiente, los trabajadores y el modelo económico más sostenible, la protección de la naturaleza y la prosperidad de las personas.Los sindicatos pretenden demostrar que el mundo del trabajo está a la vanguardia a la hora de responder a los desafíos provenientes de la degradación medioambiental y, por lo tanto, deberá desarrollarse una estrategia para pasar de este modelo insostenible a otro que sea sostenible. 


102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2013)
EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EL TRABAJO DECENTE Y LOS EMPLEOS VERDES
Discusión general
Punto V en el Orden del Día
Nota informativa para los Delegados de los Trabajadores
Antecedentes

En su 312ª reunión (noviembre de 2011), el Consejo de Administración de la OIT inscribió en el orden del día de la
Conferencia Internacional del Trabajo en 2013 una discusión general sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y
empleos verdes. Como documento de fondo para la discusión, la Oficina preparó el Informe V, que aborda dos cuestiones
interrelacionadas: lograr la sostenibilidad ambiental y hacer realidad la visión del trabajo decente para todos. El informe se
centra en los vínculos existentes entre las dimensiones medioambiental, económica y social del desarrollo sostenible, al
tiempo que reconoce que el objetivo de lograr unas economías sostenibles medioambientalmente no podrá alcanzarse sin
la activa contribución del mundo del trabajo. La discusión ofrece por tanto una oportunidad para vincular la promoción de
la sostenibilidad del medio ambiente a la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social y la reducción de
la pobreza. Permite además afianzar la promoción del trabajo decente y un enfoque basado en los derechos como
elementos esenciales de una transición justa hacia un mundo del trabajo medioambientalmente sostenible.
El capítulo 1 del informe analiza, en el contexto de la actual crisis económica, los desafíos medioambientales y sociales
que afronta el mundo, así como su repercusión social y en los mercados de trabajo. En el capítulo 2 se identifican tres
grandes oportunidades para promover el trabajo decente en una economía verde: más empleos, mejores empleos e
inclusión social. El capítulo 3 aborda tres desafíos relativos a la transición a una economía más ecológica: la
reestructuración, las pérdidas de empleo y el traslado de trabajadores; la necesidad apremiante de adaptación al cambio;
y las repercusiones negativas en la distribución de los ingresos que han pasado desapercibidas. El capítulo 4 describe
brevemente las principales iniciativas de política a escala nacional e internacional, el trabajo de la OIT en este ámbito y
las repercusiones para los mandantes de la OIT y para la Oficina. El capítulos 5 incluye 6 puntos de discusión que
orientarán el debate durante la Conferencia.
Tras completarse la discusión sobre los puntos propuestos, se convocará un reducido comité tripartito de redacción al
inicio de la segunda semana, encargado de preparar los proyectos de conclusiones. La Comisión en pleno tendrá a
continuación ocasión de modificar los proyectos de conclusiones mediante un procedimiento de enmiendas.
A continuación se ofrece una orientación preliminar respecto a cada una de las cuestiones tratadas, junto con una
reflexión inicial en cuanto a los elementos que el Grupo de los Trabajadores podría querer ver reflejados en las
conclusiones. La lista no pretende ser exhaustiva y podría enriquecerse más adelante.

Puntos de discusión

1. ¿De qué manera los principales problemas medioambientales con que se tropieza en la actualidad (como el
cambio climático, la escasez de recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad y la deforestación) afectan al mundo
el trabajo?

El vínculo entre la actividad humana y la degradación del medio ambiente viene siendo estudiado desde hace décadas,
aunque el impacto de este último sobre las actividades humanas únicamente se han convertido en el foco de estudios
recientemente. Durante demasiado tiempo, ocuparse de cuestiones medioambientales se había considerado un privilegio
reservado a aquellas sociedades que hubieran alcanzado cierto grado de riqueza y prosperidad. No obstante, hay pruebas
fehacientes que demuestran el impacto cada vez más perjudicial que tienen los problemas medioambientales sobre las
personas, comunidades y su sustento, así como sobre el entramado económico que les aporta sus medios de subsistencia.
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 2/9
El cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la desertificación, la contaminación del
aire y el suelo, la contaminación química, por mencionar apenas algunos de los fenómenos peligrosamente en aumento hoy
en día, tienen diversas repercusiones sobre el mundo del trabajo, y requieren una acción inmediata por parte de los
mandantes de la OIT. Daremos algunos ejemplos para ilustrar los desafíos y revelar ciertos aspectos aún poco
desarrollados.
Repercusiones sobre el empleo

La amplia variedad de retos medioambientales hace que resulte difícil formular una evaluación global, pero existen riesgos
evidentes para el empleo en varios sectores.
En lo que respecta al cambio climático, por ejemplo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha
identificado los grupos económicos más vulnerables, que afrontan ya desafíos debido a las actuales concentraciones de
gases de efecto invernadero. Incluyen todas las industrias y los asentamientos en las zonas costeras y las cuencas fluviales,
donde hay motivos de preocupación respecto a la capacidad de los lugares de trabajo para recuperarse de fenómenos
meteorológicos extremos, puesto que generalmente no disponen siquiera de un seguro básico que les permita costear el
equipamiento perdido o reparar infraestructura dañada. El ejemplo de las graves inundaciones en las afueras de Bangkok,
Tailandia, en 2011 demuestra que existe un alto riesgo de que la actividad económica y los puestos de trabajo no vuelvan a
niveles normales, incluso dos años después de la catástrofe. También cabe esperar cierto impacto sobre sectores sensibles
al clima, como la agricultura, la pesca y el turismo. La agricultura, por ejemplo, sufriría de las alteraciones en la disponibilidad
de recursos de agua dulce, que afectaría la productividad de los cultivos y, en última instancia, la actividad económica en
áreas rurales.
Sin embargo, el cambio climático no es el único reto que ha de afrontar actualmente el empleo. Las repercusiones de la
explotación forestal insostenible sobre el empleo está bien documentado, con casos de compañías madereras que
abandonan las zonas explotadas después de haber agotado por completo los recursos naturales disponibles, dejando a
comunidades enteras que dependían de la explotación maderera sin otra opción de empleo. Lo mismo ocurre con
poblaciones pesqueras y la cadena económica establecida alrededor de la pesca, que se enfrentan a las consecuencias de
la rápida degradación del sector pesquero, donde los puestos de trabajo y medios de subsistencia se ven amenazados por el
recurso extensivo a fábricas pesqueras en alta mar.
Repercusiones sobre la salud y la productividad
La degradación del medio ambiente afecta también al mundo del trabajo dañando la salud de los trabajadores y trabajadoras
y su derecho a realizar sus labores en un entorno limpio y saludable. Recientes estudios prevén, por ejemplo, que la
productividad de los trabajadores podría disminuir en un 65% como consecuencia de la elevación de las temperaturas y los
golpes de calor relacionados con los crecientes niveles de concentración de gases de efecto invernadero. Por otro lado, ha
quedado demostrado que la contaminación del aire (tanto interior como exterior) afecta negativamente la salud de los
trabajadores, así como la calidad de su trabajo. El impacto adverso sobre la salud a que se enfrenta la sociedad a causa de
la degradación del medio ambiente podría considerarse también un obstáculo importante para el desarrollo y prosperidad de
los trabajadores y trabajadoras.
Otras repercusiones sobre el desarrollo, incluyendo la migración y el género

Estos retos medioambientales afectan también al mundo del trabajo ejerciendo una carga adicional a la economía de
cualquier país, que se ve obligado a hacer frente a las consecuencias de la inacción. Diversos estudios sobre el impacto de
los retos medioambientales sobre el desarrollo, la igualdad de género y los derechos humanos, entre otros, muestran que
hay razones sólidas para pensar que a menos que se tomen medidas para afrontar estos retos de manera ambiciosa y
exhaustiva, nuestras sociedades no podrán alcanzar los objetivos comunes de justicia social y prosperidad económica.

 Posibles elementos para las conclusiones
Es importante transmitir el mensaje de que se comprenden los retos que plantea la degradación del medio
ambiente sobre el mundo del trabajo. Hasta ahora, los actores del mundo del trabajo no han sido sino víctimas
pasivas de la degradación y los desastres medioambientales. La Conferencia debe demostrar que no es ése el
papel que queremos desempeñar y que los mandantes de la OIT quieren impulsar el cambio hacia el desarrollo
sostenible.

102ª reunión de la CIT Desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes
Nota informativa Grupo de los Trabajadores 3/9

Para proteger el empleo, fomentar el desarrollo sostenible y lograr el trabajo decente para todos, la Conferencia
ha de manifestar claramente su compromiso a luchar contra los retos medioambientales y transformar el
mundo del trabajo para que funcione dentro de los límites naturales de nuestro planeta.

Las políticas nacionales e internacionales deben dirigirse al establecimiento de regulaciones laborales y
medioambientales capaces tanto de combatir los retos medioambientales como de crear más y mejores
empleos.

2. ¿Cuáles son las principales vías posibles para promover el trabajo decente como parte del cambio radical hacia
la sostenibilidad medioambiental? ¿De qué manera se pueden hacer realidad las posibilidades de creación de
empleo y de desarrollo de empresas sostenibles que ofrece este cambio de paradigma y cómo se puede garantizar
que los empleos verdes sean también empleos decentes?

El trabajo decente para todos no será un objetivo alcanzable a menos que se haga frente a la degradación del medio
ambiente. Con todo, hoy en día el desempleo, el subempleo, y el trabajo informal y precario son la norma más que la
excepción para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, por lo que urge adoptar políticas que aborden tanto los
desafíos “tradicionales” que ha de afrontar el mundo del trabajo como los emergentes, como sería el medio ambiente.
Un programa de inversión centrado en el empleo, con un sólido componente medioambiental, podría marcar una enorme
diferencia a este respecto.
El Informe de la Conferencia ofrece un resumen de la información actual en relación con el potencial para creación de
empleos verdes derivado de las estrategias de protección del medio ambiente. Estudios realizados bajo supervisión
sindical indican igualmente que podrían crearse millones de empleos en sectores como empresas de servicios públicos
(ej. electricidad, agua), construcción, agricultura, manufactura o transporte, siempre que una inversión suficiente se
oriente hacia opciones sostenibles. Para ser precisos, podrían crearse 48 millones de puestos de trabajo por año en 12
países destinando el equivalente al 2% del PIB en inversiones orientadas a opciones sostenibles. Si tenemos en cuenta la
importancia de estos sectores para mejorar las normas sociales y de desarrollo, podría establecerse un círculo eficaz
empleo-desarrollo-medio ambiente.
No obstante, el movimiento sindical tiene motivos para pensar que no existe ningún automatismo en relación tanto con la
realización de estas inversiones, como con la calidad de los nuevos empleos o su contribución a una transformación
económica más amplia que aborde la necesidad de reducir el impacto medioambiental de todos los sectores económicos, y
no sólo la promoción o la creación de nuevos “nichos”.
En lo que respecta a la calidad de los empleos, algunos de los denominados ‘empleos verdes’ pueden parecer positivos
para el medio ambiente a corto plazo, pero podrían ocasionar daños medioambientales a largo plazo debido a prácticas
inadecuadas. Algunos sectores que muchas veces se describen como ‘verdes’, porque pueden reducir la presión sobre los
recursos naturales, a menudo promueven métodos de trabajo sucios o peligrosos, y se apoyan en un empleo precario e
informal y mal remunerado. No son éstos los empleos verdes a los que aspiramos para resolver los retos del desempleo, la
pobreza y la degradación del medio ambiente. Para que los empleos verdes consigan forjar un futuro sostenible, han de
aportar trabajo decente. El trabajo decente, tal como lo define la OIT, implica que los empleos deben proporcionar a hombres
y mujeres oportunidades de un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, donde
los derechos estén garantizados y con una remuneración adecuada y protección social. Es necesario acompañar las
políticas de creación de empleos verdes con una estrategia para asegurarse de que dichos empleos contribuyan a la
prosperidad y ofrezcan una mejor calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras.
Las normas fundamentales del trabajo, incluyendo el derecho de sindicalización y negociación colectiva, resultan esenciales
a este respecto, si queremos que los empleos contribuyan a la sostenibilidad.
Si bien algunos de los sectores a los que podrían apuntar las políticas medioambientales son ya espantosos, incluyendo la
construcción y la agricultura, donde se registran las tasas más elevadas de muertes y lesiones laborales; otros sectores que
podrían crecer en caso de que se apliquen las políticas adecuadas, como serían el reciclado y la gestión de residuos,
pueden igualmente plantear diversos riesgos de salud en el trabajo, que convendría hacer frente.
La segunda razón por la que el movimiento sindical no puede esperar una solución automática para el mundo del trabajo,
donde todos salgan ganando, guarda relación con las actuales tendencias de inversión, que están muy lejos de seguir la
dirección correcta. Pese a las señales científicas mencionadas anteriormente, y unas cifras de empleo provenientes de
sectores respetuosos del medio ambiente que son mejores de lo esperado en tiempos de crisis, seguimos hablando de
apenas una parte marginal de la economía. Si tuviesen que transformarse todos los sectores productivos –lo que resultaría
esencial para abordar de manera sostenible los retos medioambientales a los que nos enfrentamos– las inversiones
deberían reorientarse de forma masiva. En lo que respecta a los países en desarrollo deberá hacerse hincapié en la creación
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 4/9
de una producción con mayor valor añadido. Esto requiere una intervención estatal seria, incluyendo la adopción de políticas
industriales.
La intervención estatal deberá encauzar el comportamiento del sector privado en la buena dirección. Regulaciones –con
capacidad para impulsar la innovación–, políticas de contratación pública –que generen una mayor demanda de bienes y
servicios sostenibles contribuyendo así a su rápido desarrollo–, diálogo con los interlocutores sociales –que pueden ayudar a
organizar los sectores económicos de manera diferente–, constituyen distintos medios para propulsar una agenda de
transformación que requiere contar con el apoyo público para conseguir realmente sus objetivos.
Por último, para que las políticas medioambientales contribuyan a impulsar el trabajo decente, es necesario contar con
estrategias coherentes para transformar todos los sectores económicos para que sean social y medioambientalmente
adecuados, de manera que protejan la base de empleo establecida con los años. Las intervenciones públicas antes
mencionadas también serían pertinentes en este contexto. Regulaciones como los códigos de construcción no sólo
contribuyen al crecimiento de un “nicho de mercado” sino a la transformación de la “corriente principal” del sector de la
construcción. De manera similar, unas normas de eficiencia energética como las diseñadas por los fabricantes, han
contribuido a reducir la huella medioambiental del sector, apoyando así a aquellas empresas dispuestas a liderar a través de
la innovación, manteniendo así crucialmente el empleo en momentos críticos.

Posibles elementos para las conclusiones
La CIT debe reconocer la necesidad de vincular urgentemente las políticas sociales y de empleo con una
estrategia de protección del medio ambiente, que puede aportar nuevas oportunidades para la creación de
empleo y la transformación de sectores críticos para la economía.

Ha de indicar además que la intervención estatal en múltiples formas es crucial para pasar de las actuales
tendencias insostenibles de inversión a opciones sostenibles.

Hace falta destacar las oportunidades para la creación de empleo provenientes de estas inversiones, así como
la necesidad de acompañarlas con políticas de trabajo decente, incluyendo el respeto de las normas
fundamentales del trabajo y otras normas relevantes, para asegurarse de que la calidad de esos nuevos
empleos abra una vía clara para que los trabajadores y trabajadoras consigan salir de la pobreza.

La Conferencia ha de subrayar que además de la promoción de nuevos empleos, el reto del trabajo decente en
este contexto estriba además en la transformación de todos los sectores económicos en sectores respetuosos
con el medio ambiente.
La implicación de los sindicatos en este esfuerzo es crucial para poder alcanzar unos resultados social y
medioambientalmente positivos.

3. No sólo las repercusiones de los problemas medioambientales sino también las medidas de protección del medio
ambiente presentarán diversos retos para el empleo, las condiciones de trabajo, la equidad social y los derechos
laborales. Entres ellos, cabe citar la incidencia de las nuevas reglamentaciones en sectores intensivos en recursos
y contaminantes, las repercusiones de un aumento de los costos de la energía y de los recursos naturales en las
cadenas de suministro, o los efectos distributivos de las políticas de fijación de los precios del carbono o de otras
medidas medioambientales. ¿Qué desafíos podría tener que afrontar el mundo del trabajo a raíz de la aplicación de
políticas de protección del medio ambiente?

Para entender mejor las repercusiones de las políticas medioambientales, es fundamental también comprender las causas
profundas que ocasionan la degradación del medio ambiente. Al igual que con otros bienes comunes, no se tienen en cuenta
los costos sociales de los retos medioambientales cuando los particulares, las empresas o los gobiernos toman decisiones
respecto a la explotación de recursos naturales. En otras palabras, los retos provienen de la brecha que se abre entre
aquellos que obtienen los beneficios inmediatos de la explotación de los recursos y aquellos que –a medio y largo plazo–
sufrirán las consecuencias de la degradación de dicho recurso (contaminación del suelo, del agua) y/o su desaparición
(biodiversidad) o incluso los efectos retroactivos de su transformación sobre otros aspectos de su vida (cambio climático).
Multitud de pruebas científicas demuestran que los actuales modos de producción y consumo, en caso de permanecer
inalterados, conducirán a un agotamiento irreversible de los recursos naturales, que tendría a medio y largo plazo
repercusiones catastróficas sobre el progreso social, incluyendo entre otras la agravación de la pobreza, un aumento del
hambre, consecuencias negativas sobre la salud, y daños en la infraestructura.
El actual modelo de producción y consumo constituye la raíz de la degradación medioambiental y únicamente su profunda
transformación puede desembocar en unos resultados diferentes. Los responsables de elaborar las políticas deberán por
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 5/9
tanto salvar la brecha entre los beneficiarios y las víctimas de la degradación del medio ambiente, asegurándose de que los
costos sociales presentes y futuros de la explotación de los recursos repercutan en las opciones escogidas por los
productores y consumidores. Esto puede lograrse adoptando diversas medidas: prohibición de ciertas substancias o
métodos de producción, desarrollo de sistemas impositivos para que contaminar resulte más caro, y apoyar la innovación en
alternativas, por citar algunas. Todas estas medidas pueden afectar el status quo en los sectores económicos a las que se
destinen, lo que resultaría positivo. No obstante, también hay una serie de consecuencias sociales que deben tratarse
conjuntamente con el desarrollo de un marco de protección del medio ambiente más firme, a fin de que dicha protección no
agrave las desigualdades o la pobreza, sino que contribuya a una sociedad más justa y más próspera.

En primer lugar, están las repercusiones en el empleo relativas a regulaciones en los sectores más intensivos en
recursos y/o contaminantes. 
Es importante considerarlas en tanto que “la otra cara de la moneda” de las acciones
positivas emprendidas para crear empleo y mejorar su calidad. Tal como indica el informe de la OIT, las políticas
medioambientales pueden afectar el empleo al menos de cuatro maneras:
Creación de puestos de trabajo adicionales
Ej.: fabricación de dispositivos de control de la contaminación que se incorporan a equipos de producción existentes
Sustitución de empleos
Ej.: en el paso de combustibles fósiles a renovables
Eliminación de puestos de trabajo sin reemplazarlos directamente
Ej.: cuando se prohíben o reducen los materiales de empaquetado y se dejan de fabricar
Transformación de puestos de trabajo
Ej.: fontaneros, electricistas, metalúrgicos cuyas tareas han sido redefinidas con la ‘ecologización’ de tareas
cotidianas, métodos de trabajo y perfiles.
Cada una de estas tendencias varía en intensidad en función de la huella económica de los sectores seleccionados en sus
respectivos países. En el contexto del cambio climático, por ejemplo, los sectores vinculados a la producción energética
mediante combustibles fósiles y otros sectores con uso intensivo de energía se verán profundamente modificados por las
políticas de reducción de emisiones. Entre éstos podemos citar las industrias del hierro, el acero, el aluminio y el carbón,
aunque también algunos servicios intensivos en energía, como el transporte por carretera. Las políticas de protección de la
biodiversidad repercutirán en otros sectores dependientes de recursos, como la silvicultura, el turismo o la pesca.
Es importante entender que una política responsable medioambientalmente no implica necesariamente la eliminación de un
sector sino más bien el desarrollo de alternativas, a menudo dentro del mismo sector, que puedan ofrecer resultados similares
sin el impacto negativo sobre el medio ambiente. Esto puede lograrse recurriendo a métodos que incrementan la intensidad de
mano de obra en la producción. No obstante, estas alternativas no se desarrollarán automáticamente a menos que se tenga
en cuenta la dimensión del empleo desde el principio del proceso de toma de decisiones políticas. Los responsables de toma
de decisiones deben asegurarse de que los trabajadores/as puedan conservar su sustento y vean un futuro para sus
comunidades, con prácticas productivas que guarden relación con la necesidad de hacer frente a retos medioambientales.

Una segunda repercusión en la producción de bienes y servicios como consecuencia de la regulación medioambiental es
la derivada de los diferentes calendarios adoptados para la aplicación de dichas regulaciones en distintos países y regiones.
En un sistema donde los productores muchas veces buscan los costos de producción más baratos, esto desemboca en un
riesgo mayor de desplazamiento de industrias ahí donde las restricciones medioambientales sean menos estrictas.
El movimiento sindical aborda esta situación con un enfoque coherente. De la misma manera que existe un fundamento
claro para mejorar las condiciones de trabajo y los derechos en todo el mundo, no hay razón para considerar que el medio
ambiente sea una dimensión que pueda ser negociada y debilitada para proteger la competitividad, particularmente cuando
las repercusiones de su degradación sobre el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, tanto en el mundo desarrollado
como en desarrollo, son evidentes.
Además, es importante subrayar que las actuales tendencias que conducen a la relocalización de la producción se han visto
afectadas apenas de manera marginal por las regulaciones medioambientales. Esto implica que todavía tenemos una
oportunidad de presionar para que se tomen decisiones a nivel global con vistas a regular unos métodos de producción
coherentes.
Conviene también tener en cuenta que los sectores intensivos en recursos y/o contaminantes suelen hacer pagar a los
trabajadores/as por los costos de su falta de inversión en investigación y desarrollo. En su carrera para reducir los costos de
producción, las industrias han cerrado fábricas y buscan una mano de obra más barata en otro lugar, sin necesariamente
invertir en una política sostenible capaz de modificar los patrones de consumo de recursos en su sector de actividad.
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 6/9

La tercera dimensión importante que puede tener un efecto negativo en el mundo del trabajo, en este caso sobre los
trabajadores y trabajadoras, es el impacto de las políticas ambientales, y por tanto del incremento de precios para los recursos
naturales y los productos y servicios de los que dependen, sobre sus ingresos y la distribución general de la riqueza.
Muchas veces, los hogares pobres disponen de opciones limitadas en lo que respecta a su vivienda, transporte, alimentación
y posibilidades de entretenimiento, que suelen ser las únicas disponibles o las más “baratas” a corto plazo. Estas opciones
generalmente resultan menos eficientes a nivel de recursos, además de ser las más caras para sus presupuestos a largo
plazo. En el caso del aislamiento de la vivienda por ejemplo, queda bien claro: los hogares pobres destinan una parte
importante de su presupuesto a calentar o refrescar sus hogares, que suelen estar mal aislados. La instalación de doble o
triple acristalado, unos muros más gruesos y un techo mejor aislado, además de electrodomésticos más eficientes, podrían
contribuir a reducir dos o tres veces el gasto energético de los hogares. Sin embargo, el costo inicial relativamente elevado
de estas inversiones los sitúa entre los primeros afectados por un incremento en los precios de la energía, resultante de las
regulaciones medioambientales. Una situación similar se produce en cuanto a sus necesidades de transporte. La falta de
transportes públicos eficientes y abordables obliga a muchos trabajadores/as a utilizar su automóvil o servicios de transporte
semi-privado para sus desplazamientos habituales, lo que tiene un impacto directo en los niveles locales de contaminación,
así como en el presupuesto familiar. La disminución de los subsidios energéticos, que ocasionaría un incremento en los
costes del transporte, tendrá un impacto directo sobre el presupuesto de los más pobres.
Incorporar estas dimensiones en el debate político resulta clave para desarrollar los mecanismos de apoyo necesarios para
que los pobres sean los beneficiarios y no las víctimas de las políticas medioambientales.
Posibles elementos para las conclusiones
La CIT debe mostrar que es consciente de las diversas repercusiones que tienen las políticas de protección
medioambiental sobre el mundo del trabajo, indicando la necesidad de adoptar enfoques globales en la medida
de lo posible, y promover simultáneamente con su concepción, un estudio en profundidad de los aspectos
sociales y de empleo.
Existen efectos potencialmente negativos sobre el empleo, la actividad económica y los hogares, pero no son
automáticos. Dependen ante todo del diseño de cada política.
El problema puede achacarse muchas veces a la falta de innovación y la carrera hacia el mínimo común
denominador en lo referente a los costos laborales y medioambientales. Un marco ambicioso de transición,
como el que tenemos que discutir en la OIT, constituye sin lugar a dudas una herramienta de gran utilidad para
los trabajadores/as, sus familias y sus empleadores en esta transformación.

4. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de transiciones anteriores (como las relacionadas con la introducción de
tecnología que permite un ahorro de mano de obra y la mecanización, la tecnología de la información y la
comunicación o los ajustes comerciales) y de su incidencia en el mundo del trabajo y qué aspectos nuevos
presenta la transición hacia un desarrollo sostenible?

Desde que el ser humano empezó a especializarse en sus tareas cotidianas, la humanidad ha sido testigo del surgimiento y
la transformación de empleos, en los que influyen en gran medida la innovación y el desarrollo tecnológico así como nuevos
patrones de organización social. Estas transformaciones (como la mecanización en la agricultura, la producción industrial en
cadena, y las telecomunicaciones) han tenido –y siguen teniendo– repercusiones considerables sobre la productividad y la
creación de riqueza, así como en los patrones laborales y de empleo. Algunas de estas transformaciones han tardado siglos
en concretizarse, mientras que otras han supuesto un cambio rápido y a menudo inesperado (por ej. la liberalización del
comercio, el proceso de cierres de las minas de carbón en países desarrollados, etc.)
En particular, cuando consideramos las transformaciones en los últimos treinta años, se tiene un cierto sentimiento de
injusticia al juzgar la manera en que han tenido lugar los procesos de transformación, donde las “víctimas” de dichos
procesos se concentran en determinadas comunidades, sectores o empleos, y los “beneficiarios” pueden encontrarse entre
las élites de algunos países o el capital internacional, y lo que es aún más significativo, al ser testigos de las consecuencias
de la actividad económica en algunas regiones que quedan condenadas a no poder ofrecer viene o servicios que resulten de
utilidad. El aumento del desempleo y la pobreza en algunas regiones agrícolas tras la liberalización del comercio o en las
regiones mineras tras los cierres de las minas demuestran que una transición mal gestionada puede tener resultados
injustos y tender a una pobreza concentrada y duradera en ciertas regiones concretas. Una Transición Justa debe funcionar
como un escudo contra la destrucción de comunidades y medios de subsistencia.
Hemos visto además que, para prevenir estas perturbaciones sociales, algunos países han desarrollado políticas de
diversificación destinadas a encontrar fuentes alternativas de ingresos para las comunidades. El informe de la Conferencia
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 7/9
menciona el caso de Noruega y la industria pesquera. El número de ejemplos exitosos es desgraciadamente limitado, pero
todos ellos vienen a demostrar que una transformación socialmente justa requiere un nivel importante de planificación,
recursos y voluntad política.
¿Será la transformación hacia un mundo del trabajo respetuoso del medio ambiente fuente de perturbación y transición? La
respuesta del movimiento sindical es clara: vemos difícil que la transformación pueda tener lugar sin dejar partes enteras de
nuestros sistemas productivos intactas. Además, tenemos motivos para pensar que a menos que gestionemos el diseño de
la transición colectivamente, los resultados del proceso no conducirán a un mejor nivel de vida para los trabajadores/as. Muy
al contrario, la inercia y la falta de regulación condenarían a los trabajadores/as y las comunidades al desempleo y la
pobreza, como consecuencia de la protección medioambiental.

Posibles elementos para las conclusiones
La CIT debe enviar un claro mensaje de compromiso de que los actores del mundo del trabajo intentarán hacer
todo lo que esté en su mano para analizar las repercusiones sobre el empleo y la prosperidad económica
resultantes de la necesaria transición hacia la sostenibilidad. Debe además anticipar la necesidad de
reemplazar sectores en declive con innovación, inversión y políticas de “transición justa” (que se describirán
más adelante) de manera que las comunidades no tengan que hacer frente solas a los riesgos de la
transformación.
Replicar las políticas de “laissez-faire” como las que acompañaron la liberalización del comercio tendría
consecuencias similares para los trabajadores/as: desempleo y pérdida de prosperidad económica en las
comunidades dependientes de un sector insostenible. Una política pro-activa no sólo prevendría unas
repercusiones negativas sino que además crearía el espacio para construir una sociedad más justa a partir de
la transición. Esto requiere planificación, la asignación de recursos suficientes y voluntad política.

5. ¿Qué políticas e instituciones son necesarias para gestionar los retos que han de afrontar las empresas y los
trabajadores en la transición hacia una economía ambientalmente sostenible y reducir al mínimo los efectos
negativos y al mismo tiempo promover empleos verdes y decentes y la ecologización de las empresas?¿Qué
políticas e instrumentos se pueden aplicar para facilitar una transición justa al mundo del trabajo?

Las transformaciones en el mundo del trabajo derivadas de la transición hacia un sistema económico respetuoso con el
medio ambiente serán diversas y profundas, y podrían repercutir negativamente en el progreso social, a menos que se
desarrolle un paquete exhaustivo de políticas e instituciones para abordarlas.
La transición no va a ser uniforme entre países o sectores. Aunque todas las sociedades compartan el objetivo de lograr el
desarrollo sostenible, satisfaciendo plenamente sus tres dimensiones, no todos los países empezarán el proceso de
transición desde el mismo punto. El mundo desarrollado ha alcanzado un nivel de vida razonable, pero el desempleo sigue
siendo un problema importante, así como las crecientes desigualdades y los ataques contra el estado de bienestar. En lo
que concierne a los retos medioambientales, se enfrentan a la necesidad de transformar la capacidad existente en
capacidad sostenible, además de lograr que los patrones de consumo de su población sean más sostenibles. Los países
emergentes atraen grandes flujos de inversión, pero se enfrentan al problema del trabajo informal y precario. Las
desigualdades se suman a una malísima gestión de los recursos medioambientales, lo que pone en peligro la prosperidad y
la salud de los ciudadanos, así como sus posibilidades de lograr la sostenibilidad. En cuanto a los países más pobres, donde
la pobreza, el desempleo y el trabajo informal están generalmente acompañados por el agotamiento masivo de los recursos
naturales, a menudo en beneficio de una minoría local o extranjera, la necesidad de lanzarse hacia un nuevo modelo de
desarrollo también resulta relevante.
Aunque las realidades de estas transformaciones sean diversas globalmente, hay enfoques que han demostrado ser
aplicables a distintos contextos y que marcarían la diferencia respecto a la capacidad de nuestras sociedades para aportar
una transición justa para todos. Algunos elementos de dichos enfoques incluyen:

Inversión en empleos verdes y decentes, “ecologización” de empleos, y respeto de las normas internacionales
del trabajo y de los estándares de salud y seguridad laboral

No puede haber transición a menos que se produzca un traslado masivo de inversión hacia estrategias de desarrollo
sostenible a largo plazo, destinadas a retener y crear empleos decentes y “verdes”/sostenibles, se “ecologicen” todos
los lugares de trabajo y se desarrolle y despliegue la tecnología necesaria. Tal como se indica en la pregunta 2, el
trabajo decente no es consecuencia automática de estas políticas. Así pues, han de desplegarse esfuerzos
conjuntamente con estas políticas, para asegurarse de que todos los empleos creados mediante el desarrollo de
políticas respetuosas del medio ambiente sean empleos decentes, que respeten las normas fundamentales del trabajo
de la OIT y cumplan con disposiciones estrictas de salud y seguridad laboral.
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Nota informativa Grupo de los Trabajadores 8/9

Anticipación – investigación ex ante de las repercusiones sobre el mercado de trabajo

La base para la toma de decisiones adecuadas sigue siendo una evaluación objetiva de las posibles consecuencias de
sus resultados. Las políticas medioambientales han de examinarse en términos de sus repercusiones sobre el empleo
y los ingresos a fin de permitir una anticipación apropiada de las consecuencias y poder así encauzar el desarrollo de
las políticas sociales que han de acompañarlas. Los estudios nacionales, regionales y sectoriales deben ser
específicos y sistemáticos. El análisis antes de la implementación permite rediseñar y mejorar las políticas.

Protección social y políticas activas del mercado de trabajo (incluyendo desarrollo de capacidades y reciclaje
profesional)

Es necesario proteger la vida económica de regiones y comunidades. Esto requiere que se garanticen las fuentes de
ingresos de aquellos que dependen de los sectores amenazados. La degradación del medio ambiente está afectando
ya a las comunidades vulnerables. Es necesario aplicar urgentemente una transición para protegerlos, ayudarlos a
adaptarse y conseguir que sean resilientes.
Algunos sectores experimentarán un impacto negativo como consecuencia de la implementación de medidas de
protección medioambiental. Cuando no puedan evitarse los riesgos en ciertos sectores, habrá que tomar medidas para
proteger a los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que una estrategia de “transición justa” debe incluir también
mecanismos para ayudar a los trabajadores/as a reintegrarse en el mercado laboral, y contribuir al establecimiento de
sistemas de protección social justos.
Unos planes de protección social, incluyendo políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para velar por
la justicia durante la transición. Será necesario promover cierto número de políticas para evitar o reducir al mínimo la
pérdida de puestos de trabajo, para aportar apoyo a los ingresos, y mejorar la empleabilidad de los trabajadores/as
afectados en sectores sensibles. Las normas de la OIT relativas a la seguridad social (Convenio núm. 102 y
Recomendación núm. 202) son importantes al respecto.
Una transición justa requiere un enfoque flexible y adaptativo. En este contexto para los trabajadores/as es importante
que sus derechos en tanto que sindicalistas estén protegidos a lo largo de todo el período de transición.
Debe prestarse mayor importancia a la formación profesional y a mejorar la capacitación de los trabajadores/as en los
sectores más afectados. Esto resulta esencial para evitar embotellamientos en la absorción y el desarrollo de nuevas
tecnologías, así como para aprovechar el potencial de las inversiones verdes.

 Diálogo social e implicación de interlocutores sociales y comunidades en la planificación de la transición

Los gobiernos deben consultar y fomentar la participación formal e institucionalizada de los sindicatos, los empleadores
y las comunidades. La consulta y el respeto de los derechos humanos y laborales constituyen condiciones
fundamentales para garantizar una transición eficaz y sin tropiezos hacia una sociedad sostenible. Estructuras y
procesos para el diálogo social tienen el potencial de resolver importantes cuestiones económicas y sociales, fomentar
una buena gobernanza, y promover la paz y la estabilidad laboral, además de impulsar el progreso económico.
Diversificación económica a nivel local
Cada región y comunidad que pudiera resultar afectada positiva o negativamente necesita un plan de diversificación
económica para apoyar resultados de trabajo decente. Las comunidades no pueden quedar abandonadas a su suerte
ni debe dejarse que el mercado se encargue por sí solo de afrontar el reto, ya que no conduciría a una distribución
equitativa de los costos y beneficios.
Tal como se ha señalado anteriormente, las repercusiones de la degradación medioambiental sobre el empleo
encubren disparidades locales. Aunque ninguna región quedará inmune, es poco probable que el impacto sea uniforme
en todas las regiones.
Acciones en el lugar de trabajo
Habrá que tomar también medidas a nivel del lugar de trabajo, puesto que los lugares de trabajo pueden funcionar
como espacios de transformación, incitando a la innovación en la sociedad. Experiencias como los proyectos sobre
“lugares de trabajo verdes” demuestran que pueden contribuir a facilitar una transición justa. Nuevos derechos
incluyendo obtener información sobre el impacto medioambiental de la compañía, recibir formación sobre el medio
ambiente, o participar en el desarrollo de estrategias para la sostenibilidad a largo plazo de una determinada empresa,
forman parte de una estrategia completa destinada a empoderar a los trabajadores/as como actores de su futuro.
102ª reunión de la CIT Desarrollo sostenible, trabajo decente y empleos verdes
Nota informativa Grupo de los Trabajadores 9/9
6. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la OIT- recurriendo a todos sus medios de acción-para ayudar a los
mandantes a aprovechar las oportunidades y promover una transición justa hacia un mundo del trabajo que respete
la sostenibilidad ambiental y contribuya a su consecución?¿Cuál debería ser la función de los Estados y de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores?
Todos los actores del mundo del trabajo deberán emprender acciones para contribuir a una transición socialmente justa
hacia la sostenibilidad medioambiental. La OIT representa el marco ideal para definir, orientar y guiar a sus mandantes en
esta tarea. Ello se basa en el estrecho vínculo existente entre el mandato de la OIT de lograr el trabajo decente para todos y
el concepto de la transición justa (Ver recuadro 1 más abajo)
Recuadro 1 – Transición justa y trabajo decente
1. Crear nuevos empleos verdes y decentes
El primer objetivo del programa de trabajo decente es la creación de oportunidades de empleo. El marco de
Transición Justa pide la creación de empleos verdes y decentes. Para conseguir movilizar a la sociedad hacia el
cambio, debe afirmarse claramente el potencial de la transición para la creación de empleos de calidad.
2. Garantizar los derechos en el trabajo
El segundo objetivo del programa de trabajo decente es el respeto de los derechos de los trabajadores/as. La
transición justa apunta a lograr un sistema económico basado en los derechos: los derechos del planeta, los
derechos humanos y los derechos de los trabajadores/as. No se trata simplemente de crear empleos verdes sino
además de mejorar las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos al transformar los sectores económicos.
3. Extender la protección social
El tercer objetivo del programa de trabajo decente es extender la protección social. La protección social es uno de los
elementos clave de la transición justa. Los actuales desastres económicos y medioambientales al igual que futuras
crisis crearán importantes perturbaciones a menos que se establezca un sistema que reduzca la vulnerabilidad,
garantice ingresos mínimos, y generalice el acceso a servicios básicos. Desgraciadamente, el 75% de la población
mundial tiene un acceso insuficiente o no tiene acceso a la seguridad social.
Para lograr una economía justa y sostenible debe extenderse la protección social para cubrir a la mayoría de la
población que actualmente sufre un déficit en protección social. La protección social debe además renovarse y
profundizarse para hacer frente a problemas emergentes, tanto medioambientales como de otra naturaleza.
4. Promover el diálogo social
Consulta, participación y negociación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores resultan clave en el
proceso de establecer una transición justa. Para adaptar y gestionar los desafíos que nos esperan y garantizar
justicia en el proceso de transición, la gobernanza democrática es fundamental.
El mundo del trabajo se enfrenará a toda una serie de desafíos derivados de las políticas diseñadas para proteger el medio
ambiente, incluyendo cambios en el empleo y la distribución de la riqueza. Pese a que la orientación relevante existe ya en
distintas normas y declaraciones de política de la OIT, dicha orientación no se ha articulado de manera consistente a fin de
garantizar una transición justa hacia la sostenibilidad. Existen ciertas lagunas en las normas y la OIT es el marco más
adecuado para subsanarlas.
Un nuevo instrumento de la OIT aportaría una orientación muy necesaria a los Estados miembros, organizaciones de
empleadores y de trabajadores sobre cómo lograr la protección del medio ambiente al tiempo que se promueve la
sostenibilidad social y económica, incluso mediante el desarrollo de medidas sociales y económicas que se requieran para
facilitar la transición hacia un desarrollo sostenible.
El instrumento debería identificar las normas internacionales del trabajo que puedan guiar la acción respecto a acuerdos
sobre transición justa y elaborar con mayor detalle las políticas en aquellas áreas en que no se hayan establecido aún
normas internacionales del trabajo.
La OIT debería además aumentar su capacidad de investigación en esta área e identificar tendencias en los vínculos entre el
medio ambiente y el mundo del trabajo, incluyendo el desarrollo de orientaciones políticas sobre cómo conseguir el trabajo
decente para todos en un mundo con recursos naturales limitados.

CSI/GO/MSP-15.05.2013

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